La grave crisis en la que estamos inmersos y la multiplicación de las reclamaciones crediticias que ha generado, han puesto de relieve la necesidad de contar con información patrimonial sobre los ejecutados. Gran parte de la eficacia de los procesos de ejecución descansa en la obtención, de forma rápida, fiable y fluida, de titularidades de los deudores. Pero conseguir dicha información dista de ser una tarea sencilla, pues son múltiples los registros, archivos y bases de datos, públicos y privados, accesibles o no para el ejecutante, en los que constan datos patrimoniales, con un dispar régimen jurídico.

Conocer dónde se encuentra la información, los entresijos para obtenerla y contrastarla, se revela esencial en el momento actual, en el que el éxito o fracaso de un proceso de ejecución depende directamente de la localización de solvencias de los deudores.

La regulación del proceso de ejecución hipotecaria está siendo cuestionada desde hace ya varios años, por revelarse ineficaz e incompleta de cara a solventar el grave problema que la crisis económica ha originado en relación con el impago de los créditos hipotecarios, contratados en garantía de la adquisición de la vivienda habitual durante la etapa de mayor auge de la llamada "burbuja inmobiliaria".

Ineficaz porque, al no propiciar claramente la dación en pago (sino más bien lo contrario), hace que los ejecutados, tras perder la propiedad del inmueble y ser desahuciados del mismo, aún mantengan con la entidad bancaria una deuda dineraria en muchos casos considerable. Incompleta porque no facilita el ejercicio del derecho de defensa del ejecutado, al estar estrictamente tasadas las defensas de éste.

La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y la norma dictada para su desarrollo reglamentario han introducido importantes novedades en la gestión de la denominada "tasa judicial", que constituye requisito previo a la presentación de la petición inicial monitoria - en aquellos supuestos en los que la cuantía no determine su exención -.

Esta segunda edición adapta su contenido a las nuevas exigencias de la Ley de Tasas y de la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, promulgada para su desarrollo, con objeto de proporcionar al lector un instrumento práctico para la adecuada aplicación de tales normas.

La obra trata de los procesos declarativos que se caracterizan y tienen una especial singularidad por razón de la materia, concebidos por el legislador para solventar las más dispares pretensiones jurídicas que abarcan los procesos posesorios, arrendaticios, de propiedad horizontal, de protección de los derechos reales inscritos, societarios, de propiedades especiales, de protección de derechos fundamentales entre otros.

Además de las especialidades de esta índole, se incluyen los procesos monitorio y cambiario, en la medida que son procesos especiales y con ellos los procedimientos europeos de escasa cuantía y monitorio.

Actualizado con el RDL 27/2012, de 15 de noviembre que introduce medidas con la finalidad de reforzar la protección a los deudores hipotecarios en el caso de ejecución por impago del crédito

En un momento alta litigiosidad de las hipotecas, incrementándose significativamente los procesos de ejecución hipotecaria seguidos ante los Juzgados, lo que en la actualidad está generando un gran debate social por cuanto se están incrementado significativamente las ventas forzosas de viviendas habituales con el efecto de desalojo de los deudores.

Incluye CD-Rom con formularios

Los FORMULARIOS DEL PROCESO CIVIL contienen una amplia recopilación de escritos y modelos procesales en materia civil, proporcionando la herramienta imprescindible para afrontar los trámites y obligaciones legales más habituales de una forma rápida y sencilla.

Incluye CD con Jurisprudencia y Formularios

Esta cuarta edición incorpora los últimos aportes doctrinales y, exhaustivamente, los pronunciamientos jurisprudenciales más recientes. Igualmente se actualiza conforme a las más recientes reformas legislativas, tanto las que afectan a cuestiones tangenciales como pueden ser la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley Concursal; o la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia; como también a temas esenciales como la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.

Incluye CDROM con normativa y formularios.

La crisis económica ha provocado que los juzgados de familia estén inundados de procedimientos dirigidos a modificar o extinguir las medidas que se adoptaron en la separación o divorcio. Junto a ello, los cambios legislativos y los numerosos recursos de casación resueltos por el Tribunal Supremo obligan a revisar los parámetros que se utilizaron para fijar aquellas medidas.

Pretende la presente obra ofrecer unos particulares comentarios acerca de los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regulan el llamado recurso de apelación desde la vertiente de la práctica diaria de los Tribunales de Justicia, tanto en su tramitación antes los Juzgados de Instancia, como en las Audiencias Provinciales, y dar respuesta a las dudas que más habitualmente se han suscitado en la ordenación del recurso; acompañando un conjunto de los formularios más utilizados.

La importancia del componente probatorio es tal que ya Jeremy Bentham dejó dicho que el proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar las pruebas.

A tal fin, “La prueba en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil” es una obra de eminente vocación práctica, concebida desde la experiencia y destinada para su utilización en el ejercicio profesional.

Sin duda, a ello contribuye una clara sistemática que sigue el articulado de la Ley, el tratamiento de los problemas de aplicación que suscita el texto legal, y las numerosas referencias jurisprudenciales que contiene.

La pertinencia de esta tercera edición, resulta de incorporar las últimas reformas operadas en la Ley de Enjuiciamiento Civil y también la doctrina jurisprudencial generada en los últimos años, que ha ido consolidando determinadas interpretaciones, matizando o modificando otras y revelando la existencia de nuevos problemas en la praxis probatoria.   

Dirigido fundamentalmente a las asesorías jurídicas de pequeñas y medianas empresas comerciales o de servicios que, por las características de su negocio o de su clientela, se encuentran con considerable número de impagados, abordando de forma más somera las actuaciones prejudiciales que deben llevar a cabo los departamentos que se dediquen a la reclamación y cobro de las facturas; y, con mayor profundidad, los pasos que deben seguirse, por parte de los asesores jurídicos, encaminados al cobro de la deuda, con los medios y procedimientos a su alcance (judiciales, arbitrajes, mediación, etc.).

Se presenta como una obra monográfica estructurada en dos grandes apartados:

• El primero, relativo a los contenidos procesales básicos, incorpora las siguientes materias: juicio verbal, juicio ordinario, procesos especiales en materia de capacidad, procesos especiales en materia de familia, procesos monitorio y cambiario, diligencias preliminares, prueba, ejecución forzosa, medidas cautelares y procedimiento concursal;

• Y el segundo, referido a contenidos sustantivos y materiales, que incluye en sus materias aquéllas que tienen que ver con el derecho de daños, la indemnización de daños personales y su baremo, la contratación civil y mercantil, la defensa de los consumidores y usuarios, familia, con especial referencia al divorcio, arrendamientos urbanos, propiedad horizontal, concurso y sociedades.

Además de su relevancia como proceso civil especial para la tutela ejecutiva de los derechos de crédito (junto con el proceso civil monitorio), el examen de la jurisprudencia vertida sobre el juicio cambiario desvela, no sólo lo profusamente que es utilizado en la práctica, sino también la complejidad de las cuestiones, procesales y materiales (vgr. las causas de oposición cambiaria) que en él se enjuician.

Y es que, en la actualidad, las relaciones comerciales se siguen reflejando en documentos de naturaleza cambiaria (letra de cambio, cheque, pagaré), a los que se incorporan derechos de crédito que, precisamente por encontrarse así formalizados, permiten acceder a este proceso ejecutivo especial cambiario, donde se otorga al acreedor una posición procesal privilegiada, al amparo de la cual puede obtener, tras la admisión de la demanda, la emisión judicial de un requerimiento de pago y de una orden inmediata de embargo de los bienes del deudor, y, si este último no se opone en tiempo y forma al requerimiento, la emisión de un auto por el que se despacha en su contra la ejecución.

Incluye CDROM con normativa y formularios

Contenido de los 2 volúmenes:

Este procedimiento, ya sea desde su vertiente sustantiva como procesal, es el que presenta mayor complejidad y el que plantea más dudas y controversias a los profesionales.

En esta obra se analizan todas las medidas de carácter personal que pueden adoptarse en un proceso matrimonial y, como no, las que afectan al ámbito económico, ya sean consecuencia de la separación, divorcio o nulidad, contribución a las cargas del matrimonio, pensiones alimenticias y compensatorias, como las que surgen tras la extinción del régimen económico matrimonial. Junto a estas medidas también se aborda con detalle la atribución del uso de la vivienda familiar.

Desde el ámbito procesal, el estudio no puede ser más completo ya que, paso a paso, se va analizando todo el proceso, desde las cuestiones generales a la fase de alegaciones, pasando por la fase de prueba y recursos. También estudia toda la problemática que surge de la crisis de las parejas de hecho, tanto en relación con las medidas que deben adoptarse respecto de los hijos y de los propios convivientes como la problemática procesal que rodea al ejercicio de estas acciones.

El Magistrado y Doctor en Derecho, Vicente Magro Servet, realiza un detallado estudio de las recientes modificaciones legislativas que ha experimentado el juicio de desahucio en las dos reformas llevadas a cabo por la Ley 19/2009, de medidas de fomento del alquiler y, sobre todo, la más reciente Ley 37/2011, de medidas de agilización procesal, que ha articulado una serie de modificaciones legales para «monitorizar» la tramitación del juicio de desahucio.

Sin embargo, el autor va más allá de estas modificaciones puntuales y elabora un denso y detallado índice de esta materia tan casuística, analizando todos los aspectos que son de interés para el profesional del derecho que trabaja y estudia la temática arrendaticia.

Este desglose del índice que se incluye en la obra permite al lector localizar con detalle el aspecto concreto de la materia que desea analizar, dado que la casuística que rodea a la tramitación de estos procedimientos de desahucio nos presenta en la práctica de nuestros tribunales muchas dudas sobre cómo

Texto adaptado al Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles

El presente Código Básico contiene la redacción vigente de la Ley de Enjuiciamiento Civil tras las recientes modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Estas modificaciones comprenden los preceptos necesarios para la inclusión del acuerdo de mediación dentro de los títulos que dan derecho al despacho de la ejecución.

Este libro, que alcanza su 2ª edición, propone comentarios y formularios sobre: Capacidad Procesal, Representación y defensa, Legitimación, Litisconsorcio, Intervención de terceros, Jurisdicción, Cuestiones prejudiciales, Competencia objetiva, territorial, sumisión expresa y tácita, y funcional, Acumulación de acciones, Reglas para la determinación del procedimiento y de la cuantía, Diligencias preliminares, Conciliación, Reclamación previa a la vía judicial civil, Requerimiento al Consorcio de Compensación de Seguros, Aseguramiento de la prueba, Aportación de prueba con la demanda, Acción ejecutiva, provisional y definitiva, Tercerías, Medidas cautelares, Acciones monitoria y cambiaria, y un Compendio de acciones civiles relativas a las grandes ramas del Derecho Civil, Derechos Reales, Obligaciones y Contratos, Familia y Sucesiones.

Elaborado sobre la experiencia de un Secretario judicial, es una monografía, que, basándose en la práctica diaria de los Juzgados de 1ª Instancia, pretende explicar, de manera sencilla, el conjunto de los procesos de que conocen estos órganos del orden jurisdiccional civil.

A lo largo de la obra, haciendo uso de más de ochenta tablas y esquemas procesales, se trata de explicar, de manera didáctica, la práctica diaria de estos Juzgados civiles de primera instancia, desarrollando la novedosa distribución de competencias que, entre Jueces y Secretarios Judiciales, incorporó la Ley 13/2009, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, pero incorporando también las últimas reformas habidas hasta la reciente Ley 37/2011, de 10 de octubre, de agilización procesal.

Tras dos lustros de vigencia y más de veinte reformas legislativas, algunas de ellas de gran calado, como la Ley 37/2011 de agilización procesal, era necesaria una obra que abordase de nuevo la Ley de Enjuiciamiento Civil, revisitando los conceptos sabidos y analizando los institutos de nueva creación a la luz, en especial, de la ingente jurisprudencia producida en la pasada década sobre la materia. Este libro está concebido, esencialmente, por y para los profesionales del Derecho. Realizado por un grupo multidisciplinar de expertos integrado por abogados, procuradores y magistrados, así como profesores y catedráticos de diversas universidades españolas, en él se aborda un análisis sistemático de cada uno de los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Ley de Enjuiciamiento Civil y Leyes Complementarias

Articulado vigente de la LEC de 1881

Actualizada a la Ley 37/2011 de agilización procesal

Una herramienta de trabajo imprescindible para quien necesite disponer de los textos procesales civiles de más frecuente consulta comentados, concordados y con jurisprudencia.

Formularios procesales civiles

Edición adaptada a la ley 18/2011, 5 de Julio, reguladora del uso de las tecnologías y la comunicación de la Administración de Justicia y ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de agilización de la justicia