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POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACION EN MATERIA DE TRAFICO


POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACION EN MATERIA DE TRAFICO  
ref. 2237
Miguel Maria Muñoz Medina
2ª edición febrero de 2012
360 páginas
Precio de Venta (IVA y Gastos de envío incluidos) EN PROMOCIÓN  55,78 €


9788483423288 portada: POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACION EN MATERIA DE TRAFICO  [Miguel Maria Muñoz Medina]

Miguel Muñoz Medina, en su extraordinario trabajo, proyecta, junto a un meritorio rigor intelectual y académico, el resultado de una rica experiencia acumulada durante su responsabilidad como Director General de Tráfico y como presidente de la Fundación Mapfre de seguridad vial. Es un convencido defensor del Estado de Derecho y de los derechos y libertades individuales recogidos en nuestra Constitución

No es contrario a la intervención administrativa, ni a la existencia de procedimientos administrativos sancionadores, distintos del procedimiento penal. Pero como defensor irreductible de las garantías constitucionales combate toda conducta transgresora de las mismas y se opone a un procedimiento sancionador que las vulnere, limite o condicione, directa o indirectamente.

El autor analiza y estudia todos y cada uno de los capítulos de la ley de seguridad vial, sin rehuir ninguna de las cuestiones que la misma plantea o sugiere, y sin rechazo a dar su fundada y razonada opinión sobre cada una de ellas. Cuestiones tan polémicas y controvertidas como la conducción negligente o temeraria, o la velocidad excesiva (¿limite de velocidad, o velocidad libre?), o la conducción etílica (plantea un interesantísimo debate sobre donde debe estar el límite entre el ilícito penal y la infracción administrativa, con referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que no duda en criticar con solventes argumentos), o los efectos y consecuencias de la limitación de los medios de impugnación en manos de los particulares, con especial referencia a la ficción que a su juicio supone el recurso de alzada en la pérdida del carnet por puntos, o la regulación del silencio del presunto infractor en la fase instructora, que califica como un injustificado “allanamiento” y ante la que reacciona con palabras certeras al señalar que “la privación de un derecho no puede quedar sin ninguna posibilidad de defensa, por más que el denunciado no haya hecho uso de su derecho a la defensa durante la fase instructora del procedimiento”, para finalizar con una afirmación concluyente y que nos recuerda lo que señalábamos al principio del prólogo: “La bajada del número de accidentes no lo justifica todo”.

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