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REPERCUSIONES SOBRE EL PROCESO PENAL DE LA LEY ORGÁNICA 5/2010, DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL


REPERCUSIONES SOBRE EL PROCESO PENAL DE LA LEY ORGÁNICA 5/2010, DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL  Responsabilidad penal de personas jurídicas. Expulsión de extranjeros sustitutiva de la pena. Interrupción de la prescripción. Instrumentos para la aplicación de la ley penal más favorable. Otras modificaciones.
ref. 1924
Gascón Inchausti, Fernando (Coordinador); Tomé García, José Antonio; Peiteado Mariscal, Pilar; Villamarín López, Maria Luisa
1ª Ed. Enero de 2011
380 Págs.
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9788499037042 portada: REPERCUSIONES SOBRE EL PROCESO PENAL DE LA LEY ORGÁNICA 5/2010, DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL Responsabilidad penal de personas jurídicas. Expulsión de extranjeros sustitutiva de la pena. Interrupción de la prescripción. Instrumentos para la aplicación de la ley penal más favorable. Otras modificaciones. [Gascón Inchausti, Fernando (Coordinador); Tomé García, José Antonio; Peiteado Mariscal, Pilar; Villamarín López, Maria Luisa]

Se analizan en este libro las consecuencias que ha de tener sobre el proceso penal español la Ley Orgánica 5/2010, de 23 de junio, de reforma del Código Penal. Las repercusiones procesales de esta modificación legal son evidentes y se manifiestan sobre cuestiones de gran relevancia, tanto teórica como práctica, entre las que destacan las siguientes:

  • Las implicaciones sobre el proceso penal de la introducción de la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
  • Las modificaciones legales que se han vuelto a introducir en una figura especialmente controvertida, como es la expulsión judicial de extranjeros sustitutiva de la pena.
  • La nueva regulación legal en relación con el momento en que se entiende interrumpida la prescripción y, en especial, el significado que tienen en ese contexto actos procesales relevantes como la presentación de la denuncia y de la querella.
  • Las herramientas necesarias para la aplicación retroactiva de la L.O. 5/2010, que, pese a las apariencias, será muy probablemente considerada como «norma penal más favorable» respecto de ciertas infracciones delictivas muy comunes.
  • Diversas modificaciones adicionales: la forma de efectuar el abono de la prisión preventiva; la carga de la prueba en el comiso de bienes; el modo en que se practica la detección de sustancias estupefacientes en el marco de los delitos contra la seguridad vial; o el procedimiento para resolver sobre la adopción, ejecución y modificación de la nueva medida de seguridad que representa la libertad vigilada.

SUMARIO

CAPÍTULO I. CONSECUENCIAS PROCESALES DEL NUEVO RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: LA PERSONA JURÍDICA COMO SUJETO PASIVO DEL PROCESO PENAL.
Fernando Gascón Inchausti

  • 1. Introducción
  • 2. Estado de la cuestión en algunos ordenamientos de nuestro en torno
    • 2.1. Modelos sustantivos y procesales
      • 2.1.1. Modelos de responsabilidad penal en sentido estricto de las personas jurídicas.
      • 2.1.2. Modelos de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas
    • 2.2. Posición de la persona jurídica en el proceso penal
      • 2.2.1. En general, la persona jurídica es imputada o se la asimila al imputado.
      • 2.2.2. La actuación de la persona jurídica en el proceso penal a través de un representante.
        • 1°. Determinación del representante
        • 2°. Representante imputado
        • 3°. Asistencia jurídica gratuita
        • 4°. Status procesal del representante
        • 5°. Ausencia de la persona jurídica en el proceso penal
      • 2.2.3. Vicisitudes de la persona jurídica con posibles repercusiones procesales.
      • 2.2.4. La persona jurídica como sujeto de la investigación y de la prueba
      • 2.2.5. Medidas cautelares frente a la persona jurídica en el proceso penal
    • 2.3. Desarrollo del proceso penal cuando interviene en él una persona jurídica
      como sujeto pasivo.
      • 2.3.1. Criterios para la determinación de la competencia territorial
      • 2.3.2. La posible utilización de procedimientos que supongan la conformidad del acusado.
      • 2.3.3. El ámbito del recurso
  • 3. La persona jurídica como «nuevo» sujeto pasivo del proceso penal español: algunas propuestas para la construcción de su status
    • 3.1. Algunas constataciones preliminares
    • 3.2. La premisa general para el enfoque y la solución a las dificultades: régimen sustantivo de la responsabilidad penal de la persona jurídica y objeto del proceso penal.
      • 3.2.1. El modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica del art. 31 bis CP.
      • 3.2.2. Consecuencias del modelo sobre el proceso penal y su objeto
    • 3.3. La posición de la persona jurídica como imputada en el proceso penal y el ejercicio de los derechos inherentes a esa condición.
      • 3.3.1. La persona jurídica es imputada o acusada, a todos los efectos y con todas las consecuencias.
      • 3.3.2. Presencia y actuación de la persona jurídica en el proceso penal. El representante de la persona jurídica imputada.
      • 3.3.3. Vicisitudes de la persona jurídica (art. 130.2 CP) durante el proceso penal.
      • 3.3.4. La persona jurídica como sujeto pasivo de medidas de investigación. El interrogatorio de la persona jurídica.
        • 1°. Intervención de las comunicaciones en el seno de la persona jurídica
        • 2°. Registros en dependencias de la persona jurídica
        • 3°. Acceso a documentación y archivos internos de la persona jurídica
        • 4°. El interrogatorio de la persona jurídica
      • 3.3.5. La adopción de medidas cautelares frente a la persona jurídica
        • 1°. Contenido de las medidas
        • 2°. Presupuestos
        • 3°. Duración
        • 4°. Procedimiento
        • 5°. Responsabilidad por adopción indebida
        • 6°. Medidas cautelares en aseguramiento de responsabilidades pecuniarias.
    • 3.4. Otros aspectos del proceso penal que se pueden ver afectados por el nuevo régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
      • 3.4.1. Conexión entre el delito imputado a la persona física y el delito imputado a la persona jurídica.
      • 3.4.2. Tribunal competente
        • 1°. Competencia objetiva y funcional
        • 2°. Competencia territorial
      • 3.4.3. Adecuación procedimental
      • 3.4.4. Conformidad de la persona jurídica acusada y reconocimiento de hechos.
      • 3.4.5. Ámbito material de la impugnación
      • 3.4.6. Cosa juzgada
      • 3.4.7. Tutela de los acreedores y de los trabajadores
    • 3.5. Proceso penal frente a entes sin personalidad jurídica
  • 4. A modo de conclusión

CAPÍTULO II. SUSTITUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD IMPUESTAS AL EXTRANJERO POR SU EXPULSIÓN (ART. 89 CP)
José Antonio Tomé García

  • 1. Antecedentes y regulación actual
  • 2. Naturaleza de la expulsión judicial sustitutiva
  • 3. Clases: sustitución total o parcial
  • 4. La expulsión judicial de extranjeros como medida sustitutiva total de las penas impuestas cuando éstas no excedan de seis años de privación de libertad.
    • 4.1. Requisitos
      • 4.1.1. Extranjero no residente legalmente en España
      • 4.1.2. Condenado a penas privativas de libertad inferiores a seis años
      • 4.1.3. Que no haya sido condenado por delitos tipificados en los arts. 312, 313 y 318 bis del Código Penal (art. 89.7° CP)
      • 4.1.4. Que el Juez o Tribunal no aprecie razones que justifiquen el cumplimiento de la condena en un centro penitenciario en España.
        • 1°. La naturaleza del delito como causa que puede justificar la decisión judicial por la que se acuerda el cumplimiento de la condena en España.
        • 2°. Circunstancias personales del condenado que pueden justificar la decisión judicial por la que se acuerda el cumplimiento de la condena en España.
    • 4.2. Procedimiento
      • 4.2.1. Legitimación
      • 4.2.2. Sustanciación
      • 4.2.3. Resolución
      • 4.2.4. Recursos
    • 4.3. Efectos
        • 4.3.1. Cuando no se acuerda la sustitución de la pena por la expulsión
        • 4.3.2. Cuando se acuerda la sustitución de la pena por la expulsión
  • 5. La expulsión judicial de extranjeros condenados a pena privativa de libertad, una vez que hubieran accedido al tercer grado penitenciario o cumplido las tres cuartas partes de la condena.
    • 5.1. Requisitos
    • 5.2. Procedimiento
    • 5.3. Efectos

CAPÍTULO III. LA INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS Y FALTAS: EL PARTICULAR «LABYRINTHUS» DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y EL NUEVO ART. 132.2 DEL CÓDIGO PENAL
José Manuel Chozas Alonso

  • 1. Planteamiento y términos del debate
  • 2. La doctrina del Tribunal Supremo sobre la interrupción del plazo de prescripción penal (defensa de la seguridad jurídica —aunque no del todo—; de la víctima; de la sociedad y del ius puniendi del Estado)
  • 3. La nueva «doctrina» impuesta por el Tribunal Constitucional (la entrada en el «labyrinthus» y sus consecuencias: el único beneficiado, el imputado)
  • 4. Naturaleza jurídica y fundamento de la prescripción penal
  • 5. Las claves para resolver la controversia: la seguridad jurídica y el comienzo del proceso penal (un intento de clarificación)
  • 6. La necesidad de una nueva regulación legal: el difícil papel del legislador (visión crítica de una reforma «salomónica»)
  • 7. Propuestas para la salida del «labyrinthus»
  • 8. Tratamiento procesal de la prescripción

CAPÍTULO IV. INSTRUMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL MÁS FAVORABLE: LA POSIBLE APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LO 5/2010
Pilar Peiteado Mariscal

  • 1. Introducción. Marco jurídico y fundamento de la retroactividad penal favorable
  • 2. ¿Qué debe entenderse por ley penal más favorable?
    • 2.1. Las reglas de determinación de la ley penal más favorable y la relación entre ellas.
    • 2.2. La regla de la disposición transitoria primera
      • 2.2.1. La pena como factor de comparación
      • 2.2.2. La comparación de normas completas
      • 2.2.3. Supuestos particulares de comparación de normas completas
        • 1°. Varios hechos, varios delitos, un proceso
        • 2°. Un hecho, varios delitos, un proceso
        • 3°. Varios hechos, varios delitos, varios procesos
        • 4°. Un hecho, un delito, varias penas
    • 2.3. Las reglas de la disposición transitoria segunda
    • 2.4. La trascendencia de la audiencia al reo en la determinación de la ley penal más favorable.
  • 3. El momento temporal de la aplicación retroactiva de la ley penal más favorable
  • 4. La determinación y aplicación de la ley penal más favorable en la instancia
  • 5. La determinación y aplicación de la ley penal más favorable y el sistema de recursos en el proceso penal
    • 5.1. Determinación de la ley penal más favorable y recurso de apelación
    • 5.2. Determinación de la ley penal más favorable y recurso de casación
    • 5.3. Los recursos contra las resoluciones de determinación y aplicación de la ley penal más favorable.
  • 6. La revisión de condenas firmes para determinar y aplicar la ley penal más favorable
    • 6.1. Ámbito de aplicación de la revisión de condenas firmes
      • 6.1.1. Delimitación del ámbito de aplicación
      • 6.1.2. Supuestos excluidos del ámbito de aplicación
        • 1°. Pena ejecutada
        • 2°. Pena suspendida
        • 3°. Pena en período de libertad condicional
        • 4°. Pena de multa
        • 5°. Previsiones relativas al indulto parcial
    • 6.2. Competencia para la revisión de condenas firmes
    • 6.3. El procedimiento para la revisión de condenas firmes
    • 6.4. La resolución del incidente de revisión de condenas firmes

CAPÍTULO V. OTRAS REPERCUSIONES DE LA LO 5/2010 EN EL ÁMBITO DEL PROCESO PENAL
Fernando Gascón Inchausti y María Luisa Villamarín López

  • 1. La inversión de la carga de la prueba para el decomiso de bienes
    • 1.1. La «potestad de decomiso ampliada» en la Unión Europea
      • 1.1.1. Presupuestos para la aplicación de la potestad de decomiso ampliada.
      • 1.1.2. Modalidades obligatorias de decomiso ampliado según la DMD
    • 1.2. El nuevo art 127.1 II CP como cumplimiento de la DMD
    • 1.3. La inversión de la carga de la prueba y la presunción de ilicitud de los bienes decomisados.
      • 1.3.1. Indicios, presunciones judiciales, presunciones legales e inversión de la carga de la prueba en relación con el origen ilícito de los bienes decomisados.
      • 1.3.2. ¿Es admisible la presunción establecida en el art. 127.1 II in fine CP?
  • 2. La introducción de las Oficinas de Recuperación de Activos (nuevo art. 367 septies LECrim)
  • 3. El artículo 58.1 CP y el abono del tiempo pasado en prisión preventiva
  • 4. Los artículos 83 y 88 CP: modificaciones en el régimen de suspensión y sustitución de penas
    • 4.1. Reforma del régimen de suspensión de la pena privativa de libertad (art.83 CP)
    • 4.2. Reforma del régimen de sustitución de las penas de prisión (art. 88 CP)
  • 5. El nuevo procedimiento para decidir sobre la libertad vigilada
    • 5.1. La adopción de la medida de libertad vigilada
    • 5.2. La ejecución de la medida de libertad vigilada
    • 5.3. La revisión de las medidas de libertad vigilada
  • 6. Modificaciones en los artículos 263 bis y 282 bis LECrim
  • 7. El nuevo art. 796 LECrim, sobre la forma de practicar la prueba de detección de drogas en los juicios rápidos
  • 8. Modificación de las competencias de la Audiencia Nacional (art. 65.1 LOPJ)
Una unidad de:
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(ref. 1924)
IMPORTE TOTAL
(impuestos incluidos)
50,10