La omnipresencia del contrato de compraventa en nuestra sociedad y la enorme multiplicidad de variedades que presenta, en función de la naturaleza de los sujetos que intervienen en el mismo (empresarios, particulares, Administraciones Públicas, etc.), de su objeto, de su ámbito de aplicación nacional o internacional, o de las reglas y cláusulas que las partes pueden introducir en su disciplina, deben llevarnos a la conclusión de que empieza a carecer de sentido seguir hablando de «la compraventa», como si de una figura unitaria se tratase, y que, en rigor, debiéramos hablar de "las compraventas".

Aborda la responsabilidad civil en el ámbito de las comunidades de propietarios. Se desgranan las teorías jurídicas existentes en la materia y sus respectivos análisis a través de la doctrina y la jurisprudencia.

La responsabilidad civil es la esfera en la que se dirime el grueso de la litigiosidad que generan las comunidades de propietarios. Se trata de daños corporales y materiales, así como de perjuicios económicos causados involuntariamente a terceros. Todos estos supuestos se analizan, partiendo de abundante casuística, a lo largo de la obra.

Las comunidades de propietarios son entidades a las que la ley no les reconoce personalidad jurídica propia sino una suerte de personalidad sui generis (similar a la de las comunidades de bienes) que les confiere capacidad procesal plena para personarse como parte en un proceso judicial.

El autor, máximo especialista en la materia, le ofrece, comentados con rigor, todos los preceptos de la Ley de Propiedad Horizontal.

• Texto Refundido de 1964, con indicación de la vigencia o nulidad de cada precepto
• Real Decreto-Ley 2/1985, con remisión a la normativa y la doctrina aplicable respecto a las prórrogas forzosas
• Ley 29/1994, con comentarios precisos de todas y cada una de las normas, actualizadas y acompañadas de referencias de jurisprudencia reciente. Esta Ley sigue vigente para los contratos anteriores a la actual reforma y, en gran parte, para los nuevos.
• Ley 4/2013, con profundo análisis de cada precepto para la mejor aplicación de los nuevos contratos celebrados desde el 6 de junio.

En definitiva, esta obra le permitirá conocer la normativa que corresponde a cada contrato; duración, renta, etc, según la fecha, así como la conveniencia de hacer y firmar los nuevos arrendamientos teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes para las partes.

Estudia los principales aspectos que abarca la prueba de peritos en su práctica judicial, afrontando el análisis del peritaje arquitectónico, médico, caligráfico, psicológico o informático, el dictamen en cuestiones económico-financieras, las valoraciones científicas en el proceso penal o en materia de compliance.

Dirigida tanto a peritos, que pueden indagar sobre las particularidades de su especialidad profesional, como a otros profesionales del Derecho (particularmente, abogados, jueces y fiscales) que pretende acercarse y conocer la prueba pericial desde la perspectiva de un experto en la materia. Por ello, la obra interesa a cualquier abogado, con independencia de que su especialidad sea civil, penal o laboral.

La promulgación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificó sustancialmente la regulación de la prueba pericial, desde una pericial judicial, intrajudicial y oficial a una pericial de las partes, habiéndose publicado ya numerosas monografías centradas exclusivamente en la prueba pericial.

La novedad de este Tratado es que se recogen hasta nueve modalidades distintas de prueba pericial: tales como la informática, la arquitectónica, la médica, la caligráfica, la económico-financiera, la científica, en materia de compliance, la psicológica, y la psicológica en materia de familia, menores y penal.

Se centra de una manera útil y práctica sobre complejas situaciones matrimoniales y familiares que, en muchos casos, se resuelven en las Notarías.

También aborda algunos aspectos de Derecho de familia esbozados en el Anteproyecto de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, por el que se atribuyen a los Notarios nuevas competencias en materia de matrimonio, separación y divorcio.

La segunda parte de este libro está dedicada a la donación, cuya institución en los últimos años ha experimentado un incremento notable derivado de un tratamiento fiscal muy favorable en algunas Comunidades Autónomas.

La actualización y comentario de la última jurisprudencia civil resulta de vital importancia para la aplicación del Derecho por parte de profesores, jueces, fiscales, abogados, notarios, registradores de la propiedad y cualquier estudioso o profesional del Derecho.

En este libro se expone ordenada y sistematizada la doctrina jurisprudencial más significativa de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo, desde el año 2009 al 2013, ambos incluidos. Al principio de cada sentencia aparece un extracto de su contenido principal. A continuación, se reproducen íntegramente sus fundamentos de derecho, así como la exposición de los hechos, que figura en el primer considerando. Se resaltan en negrita los fundamentos esenciales de la resolución judicial que inciden directamente en el fallo adoptado. Por último, se expone el comentario de la sentencia, con especial incidencia en la doctrina preexistente relativa a la materia y en las novedades o matizaciones que realiza la que se comenta. Al principio de cada sentencia aparece la identidad de su ponente.

Una recopilación de la legislación más relevante en la materia, tanto la comunitaria como la nacional.

En la redacción de esta obra ha presidido en la voluntad de los autores el objetivo primordial de trasladar su experiencia profesional en varios segmentos y ámbitos de la judicatura, abogacía o el ámbito universitario en la materia que nos ocupa, a quien haya de aplicar el derecho y, en especial, a quienes han de analizar desde los tres ámbitos el carácter abusivo o no de buena parte de las cláusulas de un préstamo con garantía hipotecaria.

Se ha efectuado una recopilación de la legislación más relevante en la materia, tanto la comunitaria como la nacional, con referencia a otras distintas normas nacionales o internacionales complementarias que son de interés y necesaria consulta por el operador, en cada caso.

Examina una pluralidad de tipologías contractuales cuyo común denominador es la existencia de financiación. El análisis aborda en detalle problemas como la naturaleza del contrato de préstamo, la mercantilidad, o no, del contrato otorgado por entidades de crédito o los poderes normativos del Ministerio de Economía y Hacienda y del Banco de España en el ámbito contractual privado para, a continuación, centrarse en el análisis de las obligaciones de información impuestas al prestamista en diferentes momentos de la relación crediticia (publicidad, oferta vinculante, forma y contenido del contrato, etc.).

Del mismo modo, el núcleo de la monografía lo integra el estudio de los costes que conllevan este tipo de operaciones, bien sean en forma de intereses remuneratorios fijos o variables, intereses moratorios, intereses de descubierto y de excedido, TAE, comisiones y otros gastos entre los que caben destacar aquellos vinculados a la tasación de un inmueble o a la contratación de un seguro.

La reforma de la LAU, dilatadamente gestada en el tiempo, vio finalmente la luz mediante la Ley 4/2013 sobre la que básicamente se proyecta el Comentario que este libro acoge. Obviamente sus páginas tienen como precedente las reflexiones en su día efectuadas sobre la Ley de 1994 que se reflejaron editorialmente a través de la publicación actualizable que la Editorial mantiene sobre la legislación arrendaticia urbana. De esta manera, recogiendo cuanto allí se expresó -muy especialmente el complejo régimen transitorio que se incluye inalterado si bien el tiempo va privándole de virtualidad-hemos centrado el actual comentario no tanto en volver sobre lo que todos ya conocíamos, objeto de múltiples y amplios comentarios, como sobre las específicas y cuestionadas novedades legislativas que la Ley introduce.

La multiplicidad de ocasiones en las que nuestros Juzgados y Tribunales han debido pronunciarse sobre la pretensión de división de la cosa común, vigente una comunidad de bienes, y sobre la forma en la que ésta habría de llevarse a efecto, indica la importancia que esta cuestión reviste en la práctica.

Pese a que en apariencia podría admitirse que existe una doctrina jurisprudencial consolidada sobre esta materia, en la que se adopta como punto de partida la propia configuración normativa del régimen jurídico de la comunidad de bienes, una lectura más detenida de las sentencias que resuelven sobre la procedencia de la acción divisoria y la forma en la que dicha división deberá llevarse a efecto, exige una nueva reflexión sobre algunas de las cuestiones que suscita la interpretación jurisprudencial de algunos de los preceptos aplicables a la división del régimen comunitario.

La doctrina de los actos propios ha sido objeto de estudio en la dogmática, y muy especialmente en la jurisprudencia española e internacional, aun cuando no en forma continua y menos sistemática, por cuanto la mayoría de contribuciones atañen a aspectos muy específicos que no siempre permiten una visión de conjunto, la cual resulta esencial en una materia que demanda un mayor examen. En armonía con lo mencionado, en el Derecho comparado esta institución comienza a suscitar interés generalizado no solo en los países del civil law (Europa y América Latina), sino del common law.

La decisión judicial resolviendo un proceso pone fin al mismo y, dentro de ella, ocupa un papel decisivo la valoración probatoria. Aun cuando es muy difícil comprender el proceso mental de la decisión judicial, puede afirmarse que, idealmente, comprende tres fases:

1. La interpretación de los resultados probatorios, en la que el juez entra en contacto con los medios de prueba para oír y comprender qué dicen las partes o los testigos, leer los documentos, extraer las máximas de experiencia técnicas aportadas por el perito o percibir un lugar, objeto o persona.
2. La valoración de los medios de prueba, en la que el juez aplicará reglas, tasadas o libre.
3. La motivación del juicio de hecho, en la que el juez plasmará en la resolución las «buenas» razones que ha tenido en cuenta para estimar probados unos hechos y desestimar, como no probados, otros tantos e imputar, en su caso, la deficiencia probatoria.

Tradicionalmente, el sector inmobiliario español se ha caracterizado porque la mayoría de la oferta de viviendas en alquiler proviene de pequeños propietarios particulares, quienes, a menudo, y a causa de su falta de profesionalización, se ven impotentes para gestionar los riesgos inherentes a la ejecución del contrato de arrendamiento. Ante el temor a no cobrar la renta, a los tortuosos y costosos procesos de desahucio, o al deterioro del inmueble, abundan los potenciales arrendadores que prefieren dejar vacías sus propiedades antes que cederlas en arriendo, con el subsiguiente agravamiento de la crisis que viene padeciendo el mercado del alquiler de viviendas en España. Con todo este telón de fondo, la presente obra pretende realizar un profundo y exhaustivo estudio de los instrumentos, tanto públicos como privados, con los que el arrendador cuenta para proteger sus derechos contractuales.

Nueva edición de la obra más famosa de la práctica procesal: el Broca-Majada.

Una obra imprescindible con contenidos exclusivos que le ofrecen la seguridad de disponer de toda la información que necesita.

Desgrana el 100% del proceso civil partiendo del articulado de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

• Legislación con concordancias
• Comentarios prácticos
• Jurisprudencia relacionada
• Más de 2.500 Formularios online editables
• Bibliografía

Como es sabido, en nuestro proceso civil rige de manera hegemónica el principio de la doble instancia, lo que hace que, a salvo las dictadas en juicios verbales por razón de la cuantía cuando ésta sea inferior a 3000 €, la totalidad de las sentencias dictadas por los tribunales civiles, y muchas de sus resoluciones en forma de auto, sean susceptibles de ser impugnadas a través del recurso de apelación.

La apelación se manifiesta, así, como el recurso ordinario y devolutivo por excelencia y el que más profusamente es utilizado en la práctica, pues a través del mismo la parte gravada puede lograr la revocación de la resolución dictada en la primera instancia y su sustitución por otra que le sea favorable.

Tomando como punto de partida los rasgos más distintivos del derecho real de hipoteca, esta obra realiza un estudio global de la normativa española sobre préstamos hipotecarios, analizando ordenadamente los diversos estadios por los que atraviesa el negocio y los distintos problemas que en cada uno de ellos se suscita. Se dedica, así, un capítulo al análisis de la transparencia en la contratación, otro a la fase de ejecución de la hipoteca y un tercero a la adjudicación de la finca hipotecada y a la dación en pago.

El Gobierno, en el marco de la crisis económica de 2010, para la protección de los deudores hipotecarios, así como el contenido de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

• ¿Sabe usted impugnar una junta que le perjudica?
• ¿Sabe usted que las obras consumadas pueden equipararse a un acuerdo unánime comunitario?
• ¿Qué plazo hay para plantear el juicio de equidad?
• ¿Cómo computar el plazo de tres meses para impugnar los acuerdos?

Esta obra le ofrece un completo abanico de respuestas a las dudas que suscita la práctica cotidiana, ofreciendo una panorámica que abarca la realidad viva de las comunidades de vecinos. A través de más de 400 respuestas, este libro compendia una selección de las más interesantes cuestiones que viene contestando el autor en el Servicio de Consultas de la web de Comvecinos (www.comvecinos.com) y en consultorios en diversas publicaciones periódicas.Las consultas aparecen ordenadas sistemáticamente por materias en diversos capítulos:

De acuerdo con el artículo 13, I de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, cuando en el marco de un proceso penal, incoado por hecho cubierto por el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria en la circulación de vehículos de motor, se haya declarado la rebeldía del acusado, o haya recaído sentencia absolutoria u otra resolución que le ponga fin, provisional o definitivamente, sin declaración de responsabilidad, si el perjudicado no ha renunciado a la acción civil ni la ha reservado para ejercitarla separadamente, con anterioridad a acordar el archivo de la causa, el juez o tribunal que haya conocido de la misma dictará auto, en el que se determinará la cantidad líquida máxima que puede reclamarse como indemnización de los daños y perjuicios sufridos por cada perjudicado, amparados por dicho seguro de suscripción obligatoria y según la valoración que corresponda con arreglo al sistema de valoración del Anexo de la Ley mencionada.

Este auto es el conocido en la práctica forense como el auto de cuantía máxima, al que el artículo 517.2.8.º de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, atribuye eficacia ejecutiva.

La presente guía ha sido elaborada conforme a los siguientes criterios:

• Explicación de la normativa de manera accesible a los no juristas, sin merma de rigor metodológico y conceptual.
• Revisión completa actualizada de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 según su última modificación, efectuada por la Ley 4/2013 de 5 de junio (que introduce cambios de importancia, y que posibilita que los contratos anteriores a su entrada en vigor se adapten a sus nuevas disposiciones), con exposición detallada de las diferencias de regulación según la redacción anterior y sin olvidar la referencia a las instituciones más señaladas de normas precedentes (Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, RD-L 2/1985).
• Examen detenido de cuestiones que en la práctica de los Tribunales se presentan como conflictivas y selección de Jurisprudencia en respuesta a ellas, así como en relación con materias eminentemente casuísticas o sobre las cuales los Tribunales han efectuado interpretaciones de relevancia.
• Estudio exhaustivo de los distintos procesos arrendaticios, con aclaración de puntos habitualmente confusos, advertencias y líneas jurisprudenciales, con especial atención al régimen del desahucio.
• Inclusión de modelos para facilitar la celebración del contrato, las comunicaciones entre las partes, e incluso la incoación de procedimientos judiciales y sus diversos trámites procesales.
• Fácil localización en el texto de cada cuestión gracias al índice analítico, a la numeración de párrafos y al destacado de palabras clave al margen, con presentación específica y separada a los arrendamientos urbanos para uso distinto del de vivienda.

Sinopsis

¿De qué plazo dispongo? ¿Cómo debo interpretarlo? ¿Cuándo vence? Estas recurrentes dudas asaltan a todo "usuario" del Derecho que se enfrenta a la necesidad de realizar cualquier actuación en el marco del proceso civil.

La necesidad de garantizar "un proceso sin dilaciones" motiva que cualquier actuación relacionada con la tramitación procedimental se encuentre sometida a límites temporales. Pero la influencia del tiempo en el proceso no solo se manifiesta a través del establecimiento de plazos. Este libro aborda una amplia gama de aspectos relacionados con el influjo del tiempo en la dinámica procesal civil, como pueden ser la vigencia temporal e irretroactividad de las leyes procesales, el tiempo hábil para las actuaciones judiciales, la caducidad de la instancia y una extensa relación de materias cuya enumeración resultaría, aquí, prolija, además, por supuesto, de centrar su atención de manera muy detallada y exhaustiva en los criterios que tanto la doctrina como nuestros tribunales han propuesto para resolver dudas sobre la interpretación y cómputo de los plazos procesales civiles.